Feijóo afina el pucherazo

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Alberto Núñez Feijóo acompañado de Marcial Dorado famoso narcotraficante gallego

Terminaba septiembre de 2005 cuando el Partido Socialista de Galicia (PSdG) propuso reformar la ley electoral gallega. El nuevo texto buscaba paliar la sobrerrepresentación parlamentaria de la que gozaban las dos provincias menos pobladas de la Comunidad Autónoma: Lugo y Ourense, ambas bastiones del Partido Popular (PP) desde los tiempos de Alianza Popular.

La reacción de los populares fue inmediata, era un ataque al corazón de su poder. El delfín de Fraga, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentó al socialista Emilio Pérez Touriño, en aquel momento presidente de la Xunta de Galicia. Durante el acalorado debate, Feijóo pidió consenso y dejó grabadas a fuego las siguientes palabras: “Las reglas del juego no se pueden cambiar unilateralmente”. Se salió con la suya.

Nueve años más tarde, no queda ni rastro de Touriño ni de aquel PSdG que gobernó zigzagueante la política gallega en coalición con el Bloque Nacionalista Galego (BNG). De las palabras de Feijóo tampoco se ha hablado mucho, sufrieron la condena de ser olvidadas. Podrían sonrojar al actual presidente de la Xunta.

Desde la mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones regionales de 2012, el partido, con Feijóo al frente, ha vuelto a resucitar los fantasmas de la famosa ley electoral. Se activó de nuevo la maquinaria: antes de las elecciones de 2016 había que cambiarla. Como salvoconducto los populares defendieron que se debía escuchar a la calle, aunque de todas las demandas, para ellos, hay una que sobresale: en España sobran políticos. Para satisfacer al pueblo, el PP planteó una reforma electoral que se traduce en una reducción de diputados en el Parlamento Gallego: de los 75 actuales a 61, 14 diputados menos. 14 cabezas de turco que pagarán los casos de corrupción y la crisis.

La oposición al completo, BNG, PSdG y Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), se opusieron rotundamente. El ex ministro socialista José Blanco llegó a culpar a Feijóo de “intentar perpetuar un fraude electoral para ganar unas elecciones que sabe perdidas”. El BNG fue todavía más rotundo al considerar la nueva ley como una “intentona golpista”. La respuesta de Feijóo no tardó en llegar: “Debemos escuchar a unos ciudadanos que demandan menos políticos. La reforma se hará con el consenso de los partidos, con el consenso con el PSdG o con la mayoría del PP.” De sus palabras sobre la necesidad de consenso se había olvidado.

Para Jose Precedo, periodista de “El País”, el discurso popular es contradictorio: “por un lado defienden que se debe escuchar a la ciudanía. En cambio, ante las peticiones para frenar los recortes en sanidad o educación la Xunta mira hacia otro lado. En el Ayuntamiento de Santiago hay más de 10 concejales del PP imputados en tramas de corrupción. Ahí también se olvidan de escuchar a un pueblo que se manifiesta diariamente contra la corrupción”. Para José Luis Méndez Romeu, portavoz del PSdG, las prioridades del gobierno difieren mucho de la realidad: “Para el PP es más importante eliminar 14 diputados que atacar el problema de las 280.000 personas que están paradas.” 

La propuesta del PP, que se encuentra a un par de meses de convertirse en ley gracias a la mayoría absoluta de los populares, reducirá en un 20% el número de diputados, convirtiendo a Galicia en una de las C.A. de España con menor representación por población, lejos de Extremadura (65), Aragón (67) o Euskadi (75). El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ve un doble juego en la medida popular: “el PP quiere mostrar que las comunidades autónomas son inviables, que en realidad se puede hacer lo mismo con menos políticos. Hay un trasfondo antidemocrático, una pérdida de poder de las autonomías, una absoluta recentralización de competencias al estado central.”

El PP vuelve a defender que se trata de una demanda de la ciudadanía, que además permitirá ahorrar cerca de un millón de euros por ejercicio parlamentario. Para desmontar este segundo alegato, los partidos de la oposición han propuesto medidas alternativas de ahorro: suprimir las diputaciones, bajar el salario a toda la cámara o suprimir la propaganda electoral por correo, que según los datos del BNG y PSdG, equivale a más de dos millones de euros en cada período electoral. Todas las propuestas han sido echadas abajo por el PP, que se ha tomado la reforma como algo personal.

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Según Domingos Sampedro, periodista parlamentario de “La Voz de Galicia”, la reforma electoral tiene otros objetivos: “en realidad se trata de una medida de ahorro muy limitada. El PP utiliza la reforma como una manera de limpiarse la cara delante del electorado. El gobierno ha preferido recortar en Parlamento, que es la principal institución de la C.A., antes que hacerlo en asesores o secretarios.”

Más allá del mensaje oficial del PP de menos políticos y más ahorro, lo que realmente preocupa a los partidos de la oposición es que la nueva ley electoral dará más peso a las provincias de interior: Lugo y Ourense.  Éstas perderán 6 diputados frente a los 8 que perderán A Coruña y Pontevedra. Sobre la sobrerrepresentación parlamentaria del interior gallego, Tino Cordal, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, considera que “la reforma actual solo ahonda más en la desproporción entre provincias. Actualmente, A Coruña y Pontevedra tienen el 76% de la población y solo un 61% de los escaños, con la nueva ley esta desproporción aumentará. El PP gobierna en mayoría absoluta a pesar de tener el 45´7% de los votos. Esta mayoría nace en que un diputado en A Coruña equivale a 48.000 votos mientras que en Lugo y Ourense se necesitan 23.000, más del doble. El PP se beneficia de su poderío en las zonas rurales y el valor doble del voto. En las elecciones gallegas suelen manejarse unos resultados muy ajustados en los que el PP, por el valor doble de sus votos, siempre sale beneficiado.”

Aumento del porcentaje mínimo

La imposición legislativa de la que hace gala Feijóo no es nueva. Ya en 1992, su mentor, Manuel Fraga, elevó, sin apoyo de la oposición, el porcentaje mínimo de votos para entrar en el parlamento del 3% al 5%. El objetivo no era otro que expulsar a los partidos pequeños del hemiciclo. La actual reducción de escaños en el parlamento subirá el porcentaje mínimo del 5% actual al 7% o 8%, por lo que se conformará un parlamento menos plural, en el que los partidos minoritarios se quedarán fuera.

Para José Luis Méndez Romeu, portavoz del PSdG-PSOE, el objetivo de la medida es muy simple: “La única consecuencia real de la reforma es reducir el número de voces en el parlamento, que exista menos pluralismo, y por lo tanto, que exista menos control del Ejecutivo.

Hasta las últimas elecciones, el número de votos medio para conseguir un diputado era de 37.000 votos; una vez impuesta la nueva ley electoral, pasará a 46.000 votos. Al reducirse el número de diputados pero no el de votantes, la batalla por cada escaño será más dura que nunca. Para el sociólogo de la Universitat de les Illes Balears, Oscar Adrià Ibáñez, “la subida de los porcentajes mínimos en Ourense y Lugo al 7% o 8%, complican todavía más a los partidos pequeños a entrar en el parlamento gallego. Mucha gente optará por el voto útil, por lo que el sistema volverá a un concentrarse en dos o tres partidos. Los matices ideológicos que no podrán estar en el parlamento tendrán que estar dentro de los grandes partidos. La decisión tomada por el PP es más una estrategia política que un tema presupuestario.

A pesar de las consecuencias negativas de la reforma electoral, la sociedad gallega no ha llegado a poner su grito en el cielo. Según Domingos Sampedro, “dudo mucho de que la gente se vaya a manifestar por este motivo. Según los sondeos que hemos realizado en La Voz de Galicia, más de un 60% de la población ve con buenos ojos esta reducción de diputados. Quizás hemos fallado a la hora de explicarles las consecuencias.

Según Jose Precedo, “en un momento en el que la sociedad opta por votar a partidos nuevos, dificultarles la entrada puede traducirse en una mayor deslegitimación de la democracia. Si no hay espacio en los parlamentos, habrá espacio en las calles”. Para enrarecer todavía más el clima político actual, el pasado mes de febrero, los diputados populares se levantaron enérgicos cuando su líder defendió que la destrucción de los 14 diputados es inminente. Aplaudieron, con una sonrisa bobalicona y los ojos brillantes, las palabras del líder. El mensaje era simple: todos ellos eran prescindibles, un gasto absurdo. No se escuchó ningún “que se jodan” parecía que ellos sí estaban salvados. Parece que la “antipolítica” no está en las calles, está en los parlamentos. Esperemos que, como hizo en 2012, Feijóo, no tenga que volver a tragarse sus palabras.

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